CientoUno (2/5/2010).- El gobernador EmilioGonzález Márquez anunció recientemente con las campanas a vuelo, el propósito de un megaproyecto turístico que se pretende establecer en unas mil 200 hectáreas de las playas de Chalacatepec, en el municipio de Tomatlán, en la llamada Costalegre de Jalisco.

En la euforia del anuncio, el mandatario hasta afirmó que este desarrollo es “una nueva versión de Cancún”.

La noticia inmediatamente trajo reacciones a favor y en contra. Por un lado, se tuvieron opiniones a favor por el hecho de que este proyecto implica la oportunidad de un nuevo destino turístico para Jalisco y su consecuente derrama económica, tanto en su construcción, como en su posterior operación.

Pero también, han surgido las voces que advierten de posibles riesgos de gran impacto en la ecología de la región costera, como han sido los señalamientos de investigadores de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que este proyecto atenta contra diversos factores de importancia ambiental, como los santuarios de protección a las tortugas marinas, que periódicamente arriban a las playas, así como el deterioro de importantes ecosistemas, como algunos esteros de la región.

También se ha cuestionado que el megaproyecto tenga como soporte financiero los recursos económicos de los trabajadores integrados al ahora llamado Instituto de Pensiones del Estado, dado que se informó que esta institución es la promotora del proyecto en un esquema de coinversión con una firma extranjera. Otro cuestionamiento señala que a los ejidatarios de la región no se les ha tomado en cuenta.

En principio, cabe señalar que los proyectos turísticos son siempre bienvenidos si se fundamentan en las bases de un desarrollo sustentable, y de un ejercicio de justicia en lo que corresponde a la adquisición de las tierras ejidales, por lo que si esto se tiene en el caso de Chalacatepec, el Gobierno de Jalisco debe demostrarlo, tanto ante las autoridades competentes, como a toda la población en su conjunto, sobre todo ante quienes dudan de ello.

Lo mismo cabe esperar de quienes han puesto objeciones para la realización del proyecto, tanto en la parte del impacto ambiental, como en lo que toca a las cuestiones financieras y la adquisición de los terrenos por parte del Gobierno de Jalisco.